La investigación comenzó en un juzgado del sur de nuestro país en junio de 2017 cuando la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal federal Lucas Colla, interviniera luego que la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuara de un buque a un marinero senegalés en estado de salud crítico cuando navegaba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Público Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dado que -entre otros detalles- el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana. Lo hacía en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales.

Luego de que recompusiera su estado de salud, la víctima prestó declaración testimonial. Posteriormente, se gestionó su partida a su pueblo natal, con la intervención del área de Trata de Personas y del Programa de Asistencia a las Victimas del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que articuló con la Organización Internacional para las Migraciones su reinserción laboral en Senegal.

El capitán de la nave, un español de 56 años, quedó imputado por el delito de explotación de personas y llamado a indagatoria en febrero del año pasado. Al no presentarse su detención fue ordenada el 13 de noviembre pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que emitió a través de INTERPOL la notificación roja correspondiente a pedido del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades españolas concretaron el arresto el 18 de diciembre. Dos días después, el juzgado requirió a la Cancillería que gestione con el Reino de España la extradición del imputado.