El sexto y último complot cívico-militar contra el sistema democrático en nuestro país ocurrió el 24 de marzo de 1976. Fue el más atroz de todos, además de destrozar la vida y los sueños de una generación de argentinos, puso en marcha un plan económico que reconoció como eje altamente significativo, la liberación de los mercados y un fuerte endeudamiento.

El gobierno derrocado, que presidía María Estela Martínez de Perón dejaba compromisos con el exterior por 7.875 millones de dólares, una deuda poco significativa para los números de la economía Argentina. La apertura económica comandada por Martínez de Hoz instaló un modelo de valorización financiera y, en paralelo, produjo un incremento inusitado de las importaciones de bienes que desplazaron en el mercado interno a la producción local.

Fue necesario un disciplinamiento represivo de los sectores populares para implementar el primer capítulo de aquel modelo neoliberal. Una planificación previa llevada adelante por los máximos responsables de las Fuerzas Armadas y los sectores civiles asociados al brutal quiebre constitucional del país.

El resultado fue 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, campos de concentración, censura, intervención de sindicatos y complicidad empresaria para la represión en los lugares de trabajo y la participación de importantes funcionarios de muchas de las principales firmas del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal.

Semejante baño de sangre permitió modificar la raíz de un esquema económico. En 1976 las importaciones relacionadas con bienes de capital sumaron 65 millones de dólares. Cuatro años más tarde, en 1980, la cifra se elevó a 1.900 millones, agravado por una fuga de divisas provocadas por el turismo al exterior que ese año fue de 1.500 millones de dólares.

El endeudamiento fue el remedio propuesto por Martínez de Hoz para equilibrar tanta fuga de divisas. En menos de 24 meses de dictadura la deuda externa argentina fue duplicada, y en 1983, cuando ya se retiraban, llegaba a 45.100 millones de dólares.

Para llegar a este objetivo fue necesario aplicar una política sangrienta capaz de masacrar cualquier atisbo de oposición. Crearon 340 centros de detención clandestinos donde mataron y torturaron a miles de personas. Por estos siniestros lugares pasaron buena parte de los 30 mil muertos y desaparecidos.

Robaron 400 niños, violaron y torturaron a miles de mujeres y hombres. Los sobrevivientes pudieron dar testimonio del horror en el Juicio a las Juntas una vez recuperada la democracia

El juicio a las juntas militares fue un acontecimiento notable, que permitió afianzar el estado de conciencia pública acerca de los horrores cometidos durante los años de dictadura. La historia mundial no reconoce antecedentes similares a este hecho que conmocionó la argentina en 1985

El 10 de diciembre de 1983 los argentinos recuperamos el sistema democrático. Dos semanas después de haber ingresado a la Casa Rosada como presidente de la Nación, Raúl Alfonsin firmó el decreto 158, por el que instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que impulse una causa contra los miembros de las tres primeras Juntas Militares responsables del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

El 15 de diciembre Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos, particularmente la desaparición de personas, ocurridas durante el período del terrorismo de Estado. La Comisión, presidida por Ernesto Sábato, recibió miles de declaraciones y testimonios, y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.

El tribunal castrense, mientras tanto, se destacó por demorar los procedimientos. Hasta el 4 de octubre de 1984, es decir más de 10 meses después de haber recibido la orden presidencial, sólo le había tomado declaración indagatoria y dictado prisión preventiva al Almirante Massera. A partir de entonces la Cámara Federal se avocó al proceso y dispuso el acopio de elementos documentales e informativos, y la remisión de expedientes.

Se dinamizó el proceso judicial se incorporaron como prueba informativa, alrededor de 4.000 reclamos diplomáticos llegados a nuestro país desde todo el mundo durante los años de dictadura. La CONADEP entregó su informe el 20 de septiembre de 1984 entre cuyos hitos se encuentra haber demostrado por primera vez el carácter sistemático y masivo de la represión militar. Las pruebas incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7000 archivos en 50 000 páginas, una lista parcial de 8960 personas desaparecidas que fueron la base del Juicio a las Juntas.

El juicio oral a las Juntas Militares comenzó el 22 de abril de 1985. Hasta el 14 de agosto se trataron 281 casos de los 709 originalmente ofrecidos por la fiscalía. Fue una galería de testimonios desgarradores. Declararon 833 personas: 546 hombres y 287 mujeres, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 extranjeros. Se recibieron 80 testimonios a través de exhortos diplomáticos.

Durante los meses en que se celebró el juicio sólo pudieron emitirse por TV algunos segmentos que carecían de sonido. Los argentinos no pudieron escuchar en esos momentos los relatos de las aberraciones que sucedieron en los campos de concentración.

Cada jornada del juicio a las juntas se transformó en un nuevo capítulo capaz de describir hechos que permitían descubrir la existencia del lado oscuro del alma. La jornada más extensa que tuvo aquel histórico proceso judicial duró 13 horas y 25 minutos, y la declaración testimonial más larga ocurrió el 22 de julio.

Justamente, ese día, Víctor Melchor Basterra, un obrero gráfico militante peronista que pasó cuatro años secuestrado en la ESMA testimonió durante 5 horas y 40 minutos frente a los jueces.  En la sala, escuchando su relato estuvo Jorge Luis Borges. Impactado por el testimonio de Basterra, Borges escribiría una crónica para la agencia española EFE, donde señalaba: “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella”.

Borges transcribió parte del relato de Basterra ante los jueces de un hecho sucedido un 24 de diciembre. Ese día, “llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era una suerte de inocencia del mal”, escribiría Borges.

La cadena de testimonios que desfilaron durante las 17 semanas que duro el Juicio a las Juntas, describieron una sucesión de situaciones emparentadas todas por el horror. Los acusados escucharon los relatos. Allí, sentados, impávidos estaban siendo enjuiciadas las cabezas más visibles y responsables de aquella sucesión interminable de acontecimientos aberrantes.

En sus alegatos finales los acusados se defendieron. Massera afirmó que se sentía responsable, pero no culpable. Finalizadas las audiencias los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo expusieron los fundamentos de las acusaciones. Los miembros del Tribunal deliberaron entre el 22 de octubre y el 8 de diciembre de 1985. El 9 de diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, León Arslanian, leyó el veredicto

Se condenó a cinco de los militares acusados y se absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de “gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios”, garantizando su impunidad. El fallo ordenó también enjuiciar a todas las personas que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones criminales probadas en el juicio.

El juicio a las juntas militares fue ejemplificador, un caso único en el mundo. Nunca se sentó en el banquillo de los acusados a quienes se apoderaron por la fuerza de la suma del poder público de un país. Ni siquiera es comparable al juicio que se les realizó a los jerarcas nazis en Nuremberg, una vez finalizada la segunda de las guerras mundiales. Allí, se necesitó formar un tribunal internacional especial con leyes especiales. Los comandantes que integraron las juntas, responsables del golpe militar de 1976, fueron enjuiciados sin más armas que las leyes vigentes y, con los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano.

Ricardo Gil Lavedra, Jorge Edwin Torlasco, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Araoz, Andres D Alesio y Leon Arslanian fueron los seis jueces del máximo tribunal. La fiscalía federal estuvo encabezada por Julio César Strassera, quien trabajó en forma mancomunada con la Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas, la CONADEP, que publicó sus conclusiones en el libro Nunca Más.