Los síndicos del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentín y los interventores de la compañía presentaron un primer informe al juez del caso, Fabián Lorenzini, que en septiembre dictó el “salvataje” de la empresa. En el mismo señalan que no está garantizado el pago de haberes y gastos de mantenimiento a partir de marzo de 2024.

El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade, contrapuso esa conclusión al balance presentado y publicado en este año. “Están especulando con el resultado electoral”, sostuvo en declaraciones por Radio Nacional. También admitió que “sorprende la impunidad de este grupo de empresarios, 17 de ellos procesados por estafas reiteradas”. Consideró que el informe elaborado por los síndicos del concurso preventivo “es una maniobra de extorsión para el juzgado y sus trabajadores” y argumentó que “Vicentin aún hoy ha generado un movimiento económico muy importante por encima de 40 millones de pesos”.

“Ese volumen de ventas no se condice con lo que dicen los síndicos”, alertó e insistió en que Vicentin hace uso del “miedo para que la justicia y el poder político apoyen su propuesta de pagar a 20 años solo el 15 por ciento de la deuda”. El diputado aclaró que, de concretarse eso, “constituiría una fiesta privada pagada por el pueblo argentino”.

De cara al balotaje presidencial, Del Frade abogó por que la sociedad “elija pensar, para que el 19 de noviembre siga la democracia profundizándose” y concluyó que “la única casta que se mantiene es el poder económico concentrado y extranjerizado”.

El informe se hizo público mientras la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a su resolución la apelación de Vicentin al fallo de Lorenzini, quien no homologó la propuesta concursal de pago de las acreencias y abrió el período de concurrencia o cramdown.

El trabajo lleva las firmas de Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, interventor y subinterventor de la empresa, y de los tres integrantes de la sindicatura del concurso, Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, quienes en mayo pasado fueron imputados junto a 12 directivos de la Vicentin por conformar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a los acreedores.