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Definen como aberrante el fallo judicial del máximo tribunal porteño

Con un escenario improvisado e instalados detrás de una mesa ubicada en la puerta de la Legislatura Porteña (Perú 130) diputados que integran los bloques del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, junto a representantes de la comunidad educativa de la ciudad, ofrecieron una conferencia de prensa este lunes para denunciar un fallo escandaloso del Tribunal Supremo de Justicia planteando, ante el pedido de una madre realizado hace dos años, que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada, negando el derecho básico a la educación garantizado por la constitución de la ciudad.

Dada la gravedad de esta resolución judicial, que sienta jurisprudencia para otros reclamos que existen de padres que reclaman un lugar para sus hijos en la escuela pública, los legisladores opositores han pedido una sesión especial para solicitar la aprobación de juicio político a cuatro de los cinco integrantes del máximo tribunal de la ciudad: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis F. Lozano. La diputada Lorena Pokoik definió al fallo como “aberrante que atenta contra la constitución de la ciudad y todos los derechos que ahí se consagran”, y le pidió a sus pares radicales, que integran el interbloque oficialista, que no avalen semejante resolución. El pedido está ligado a la imposibilidad de acceder a los cuarenta votos necesarios para que el pedido de juicio prospere en el recinto. La oposición por si sola no llega a ese número de legisladores.

El artículo 24 de la Constitución porteña obliga al Estado local a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años. Se trata de un derecho que no atiende la Ciudad desde hace varios años. En 2019, la falta de vacantes afectó a 9120 niñas y niños.

Además de los legisladores opositores estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), sindicatos docentes como Ademys y SADOP, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional CABA y la CTA Autónoma de Capital.

 

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