Por Claudio Leveroni

Este jueves el Consejo de la Magistratura que preside Alberto Lugones (foto) buscará encaminar el proyecto que cuestiona el mecanismo por el que fueron nombrados una decena de jueces federales. Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, será el encargado de exponer un planteo que va en línea con la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional buscando darle mayor credibilidad y transparencia a los procesos judiciales, en especial al fuero Federal.

Los nombramientos cuestionados fueron parte de la estrategia judicial que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para jaquear empresarios y ex funcionarios de administraciones anteriores. Al menos ocho jueces fueron trasladados al fuero Federal sin pasar esos nombramientos por el Senado como establecen los mecanismos constitucionales.

Lo que el Consejo de la Magistratura, integrado por 13 miembros, resolvería esta semana es señalarle al Poder Ejecutivo que debe enviar los pliegos de esos magistrados para completar el procedimiento que pasó por alto, discrecionalmente, el macrismo en el poder. Los consejeros opositores se oponen a que esto suceda. Lo hacen a sabiendas que en el Senado son minoría y no podrán refrendar los jueces que colocaron a su gusto cuando gobernaban el país.

Dos de estos magistrados, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, en el 2018 pasaron del Tribunal Oral a la Cámara Federal de Comodoro Py como parte de la estrategia judicial de la alianza Cambiemos. Lo hicieron con la excusa de tribunales vacantes tras la aprobación de una ley que le permitía al Consejo transformar tribunales orales ordinarios en federales. Así fue como varios jueces se hicieron cargo de causas que tienen a Cristina Fernández y funcionarios de su gobierno en el centro de la escena. Los nombramientos fueron objetados por una acordada de la Corte Suprema por no haber cumplido con el proceso establecido al haber obviado el debate en la Cámara Alta.

El oficialismo representado en el Consejo de la Magistratura intentará en el plenario de este jueves ratificar que los nombramientos de diez jueces, bajo la administración Macri, han sido mal realizados. Para elevar el pedido al Poder Ejecutivo necesita de siete de los 13 votos. Eso incluye alguno no oficialista como el de Cristina Camaño (foto) quien se ha manifestado muy crítica de los procedimientos que utilizó Macri para la manipulación de la justicia (que incluyó en el inicio de su gestión la grotesca intención de instalar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto). La diputada Camaño, además, aparece como una de las personas espiadas ilegalmente por la gestión anterior según consta en la causa que se lleva adelante en el juzgado federal de Lomas de Zamora.