La persecución a Cristina Fernández, como máxima representante en la actualidad del peronismo, se puede graficar en los datos que dejan las presentaciones judiciales en su contra y el correlato que hubo en algunas de ellas. La vicepresidenta recibió una condena en primera instancia 40 días después del intento de asesinarla por parte de un grupo terrorista sospechado de estar financiado por un ex funcionario de Mauricio Macri.
Entre el 2004 y el 2022 Cristina Fernández fue denunciada en 654 ocasiones. El dato lo aportó en una nota la ex Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabet Gómez Alcorta, abogada especializada en derechos humanos, agregando que al menos 6 personas vinculadas con el espacio político opositor a ella la denunciaron entre 20 y 74 veces.
La mayor cantidad de denuncias de este acoso judicial contra Cristina se presentaron entre 2014 y 2016 y, luego, entre 2021 y 2022 —coincidiendo con los años previos a elecciones presidenciales. En su gran mayoría todas fueron desestimadas (CELAG 2022). Alcorta señala que pese a existir un sistema de sorteo para la asignación de los jueces que tienen que intervenir en cada causa judicial, en diez casos seguidos contra Cristina Fernández de Kirchner salió sorteado el mismo juez de doce juzgados con competencia federal posibles (las probabilidades de que ello suceda son de 0,00000000177%, es decir, menos de dos cada mil millones). Acaso, el paroxismo de esta situación anómala y arbitraria haya tenido en ocasión de recibir Cristina Fernández 8 procesamientos en un solo día, librados por un mismo juez, el fallecido Claudio Bonadío.
La persecución a Cristina se enmarca dentro de un avance mafioso y sistemático contra líderes nacionales y populares en el resto de la región. Se trata de un mecanismo de supresión idéntico al que sufrió Lula en Brasil y Correa en Ecuador.
