La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que septiembre pasado finalizó con un registro 12.062 personas privadas de su libertad en el ámbito Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con la información procesada en su reporte trimestral titulado Población privada de libertad en cárceles federales, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias.

La oficina a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili indicó que en el periodo analizado “se aprecia una tendencia sostenida de crecimiento de la población encarcelada”. En tal sentido, señaló un incremento de 3,2 % de la población alojada respecto de la medición realizada en diciembre de 2024, lo que equivale a 366 personas más de las registradas en esa ocasión.

La evolución de la serie histórica de esta variable en los últimos cuatro años y diez meses arrojó las siguientes cifras: en diciembre de 2020, 11.543 personas detenidas; en diciembre de 2021, 11.283; en diciembre de 2022, 11.349; en diciembre de 2023, 11.311; en diciembre de 2024, 11.696; y en septiembre pasado, 12.062.

El documento estadístico puntualizó un registro de sobrepoblación del 4,6% en septiembre de 2025, lo que implica que el sistema tiene 529 personas encarceladas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos. Sin embargo, esa variable disminuyó respecto de agosto -cuando era de 545 personas por encima de la capacidad- dado que se habilitaron nuevas plazas.

Por otro lado, la PROCUVIN informó que el 60,5% de la población penal alojada en establecimientos del SPF, es decir, un total de 7.300 personas, se encuentran cumpliendo condena, lo que implica un aumento del 5% -351 personas- respecto de diciembre de 2024. En tanto, el 39,5% restante -4.771 personas- permanece en prisión preventiva.

En este contexto, de acuerdo con el informe el 49% de las personas alojadas en estos establecimientos (5.908) se encuentra a disposición de jueces/as del fuero nacional, mientras que en el 45,3% (5.461), del fuero federal. El 5,7% restante (693) de las personas privadas de su libertad corresponde a órdenes cursadas por fueros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.