El 15 de diciembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner anunció en un acto en Casa Rosada que el país se liberaría del Fondo Monetario Internacional afrontando el pago total de la deuda con este organismo. La determinación significaba realizar un pago de 9.810 millones de dólares que representaban, en aquel entonces, el 26% de las reservas disponibles del Banco Central, y al mismo tiempo el ahorro de 1.000 millones de dólares que ya no se iban a pagar ese año por los intereses que arrastraba ese endeudamiento.

La determinación de Kirchner no fue un hecho aislado, por el contrario. Se trató de una estrategia asumida en forma conjunta con el presidente de Brasil. Dos días antes del mensaje de Kirchner, el 13 de diciembre, Lula anunció el pago por adelantado al Fondo Monetario de 15.500 millones de dólares por vencimientos 2006-2007. El monto correspondía a un préstamo negociado por el gobierno anterior que encabezó Fernando Henrique Cardoso con el organismo multilateral por 41.750 millones de dólares.

La determinación soberana de ambos países asumiendo en un mismo momento desligarse del FMI fue un hecho regional tan inédito como histórico. Los dos grandes motores económicos de América del Sur comenzaron a moverse en sociedad con decisiones medulares coordinadas.

Entregados al “divide y reinarás”, ambas naciones desde siempre se miraron con recelo, se consideraban mutuamente como parte de una hipótesis de conflicto. Una mirada que siempre fue alentada desde afuera, por intereses ajenos a Sudamérica que fogonearon el enfrentamiento entre ambos países. En 2005 Argentina y Brasil sellaron un acuerdo iniciando una etapa histórica en el siglo XXI que se podía dar gracias a la gobernanza de dos gobiernos populares.

Aquel acuerdo llevó a ambos países a liberarse del FMI, también inauguraba una etapa signada en saber ¿cómo se viviría sin el monitoreo y reclamo de ajuste permanente que venía imponiendo el organismo que regula los intereses de Estados Unidos? Ajustes que imponía porque tuvo representantes puertas adentro, tanto de argentina como de Brasil, que forzaron esos perversos endeudamientos.

Para entender bien como funciona ese mecanismo de dominación es necesario comprender que el FMI no es un Banco ni un prestamista común que presta dinero para que sea devuelto con los intereses correspondientes. El FMI presta dinero con la intención de condicionar la dirección económica de un país, su objetivo central no se posa en el retorno de lo prestado. Sus dividendos los saca marcando la dirección del rumbo económico de la nación endeudada. Una dirección que apunta a fortalecer los intereses de Estados Unidos.

El FMI fue creado en julio de 1944 durante la conferencia de acuerdos de Bretton Woods a fin de garantizar la estabilidad del Sistema Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente participaron 29 países. En la actualidad son 184 las naciones miembros. Con sede en Washington, el FMI tiene un gobierno directivo de 24 directores.

Cada país tiene un determinado poder de voto dentro del organismo, dependiendo del tamaño de su economía (PIB). Esto significa que el FMI utiliza un sistema de votación estableciendo que cuanto mayor es la cuota de un país más votos tiene.

Estados Unidos es quien conduce políticamente al FMI. Posee el 16,5% lo que le otorga de facto un poder de veto sobre las decisiones tomadas. Su voto en contra o abstención impide la adopción de decisiones importantes que requieren el 85 % de mayoría. Para tomar dimensión de lo que representa ese 16,5% de EEUU, es bueno comparar que el segundo país, Japón, tiene el 6,14% y Argentina como muchas otras naciones tiene el 1,59%

Desde aquel 15 de diciembre de 2005 Argentina durante nueve años vivió sin el jaqueo del FMI. En los primeros cinco años, de 2005 a 2010 la economía del país tuvo un crecimiento sostenido a un promedio superior al 8% anual. Se trató del período más largo de crecimiento de los últimos 100 años. Las reservas del banco Central pasaron de U$S 14.000 millones en el 2003 a U$S más de U$S 50.000 millones en el 2007 y se mantuvieron por encima de los U$S 45.000 millones hasta 2015.

Esa acumulación de reservas se dio porqué se duplicaron las exportaciones y se diversificó su composición. En 2007 superaron los U$S 55.000 millones. Hubo mucha más inversión en el país. En plena crisis la tasa de inversión era del 11%, en el 2007 superó el 23% del PBI. La inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50 por ciento y el 2008 batió récords en materia de porcentaje de PBI en inversión pública; y el superávit fiscal se mantuvo entre 2005 y 2010 en torno al 3,2% del PBI.

El proceso de desendeudamiento se completó en 2007 cuando Argentina salió del default después que Néstor Kirchner reestructuró la deuda por más de U$S67.000 millones, con una quita del 65%, completando una tarea de independencia y soberanía económica tras la cancelación de la deuda con el FMI.

Acaso el dato más significativo que sintetizan aquellos años es que la deuda externa argentina en el 2003 representaba el 130% del PBI. Una vez reestructurada en 2007 era inferior al 50% del PBI.

En paralelo a este proceso de desendeudamiento hubo una notable recuperación de los salarios y reducción de la desocupación a menos de un dígito por primera vez después de más de 13 años, pasando del 20,4% en el 2003 al 7,8% en el 2008.

En materia de profundización de la soberanía económica, un hecho clave fue la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, que posibilitó que los 90.000 millones de pesos de los trabajadores, administrados por aseguradoras privadas que cobraban comisiones del 33%, pasen a manos del Estado.

En esa dirección se recuperaron empresas públicas como Talleres navales Tandanor en 2007; de Aerolíneas Argentinas en 2008; Fábrica Militar de Aviones de Córdoba en 2009 y la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera YPF, que se decidió de la mano de la aprobación de la Ley de soberanía hidrocarburífera que declaró también de “interés nacional” la recuperación del autoabastecimiento energético. –

Con la asunción de Mauricio Macri en 2015 la tendencia hacia un país soberano en sus determinaciones políticas y económicas pegó un giro total. Se dilapidaron recursos, se abrieron en forma indiscriminada las importaciones, se le pagó a los fondos buitres lo que la usura internacional reclamaba hasta que acorralado por su desastrosa gestión el presidente le puso grilletes nuevamente a las decisiones soberanas.

El 8 de mayo de 2018 Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo para recibir ayuda financiera volviendo a tener contacto con el organismo tras 15 años. Fue mucho más que un contacto. El FMI esta vez quería garantizar que el sometimiento de nuestro país sería muy difícil de revertir. Otorgó en tiempo récord y trampeando sus propias disposiciones protocolares para estas cuestiones un crédito de 57 mil millones de dólares. Nunca en su historia el organismo había aprobado una cifra tan exageradamente alta.

Macri se mostró exultante al anunciar el acuerdo, aseguró que semejante monto se lo otorgaban por la confianza que generaban sus políticas en el FMI. «Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo», comentó en cadena nacional como si estuviera dando una buena noticia.

La deuda que dejó Macri con el FMI nos llevó 40 años atrás. Al inicio de la última etapa de la democracia argentina cuando Raúl Alfonsín recibió de la dictadura cívico militar una deuda externa de 43 mil millones de dólares. La junta que asaltó el poder en marzo de 1976 se había encargado de iniciar el proceso de endeudamiento brutal bajo un esquema económico que hizo multiplicar siete veces esos compromisos que eran solo de 6 mil millones cuando derrocaron a Isabel.

A principios de 1984, Bernardo Grinspun era el ministro de economía. Planteó que en diciembre el directorio del FMI tratará la aprobación del acuerdo con Argentina y el 6 de enero del año siguiente, se firmarán los contratos con el Club de París. Con esto quedaba ordenado el sector externo hasta fines de 1985.

Alfonsín visitó Estados Unidos, en septiembre de 1984. Se reunió con el presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, quien le aconsejó terminar con la era Grinspun. Los choques del primer ministro de Economía del regreso de la democracia, con los emisarios del FMI, eran cada vez más fuertes. El Fondo pretendía dar las órdenes y el titular del Palacio de Hacienda, se oponía a ceder soberanía.

El 3 de febrero de 1985 renunciaron el ministro de economía, Bernardo Grispun y el titular del Banco Central, Alfredo Concepción. Dos semanas después asumieron Juan Vital Sourroille y García Vázquez en esos lugares. Mario Brodersohn, nuevo secretario de Hacienda. Los tres encabezaban parte del elenco radical, que se abrazaba a una disciplinada ortodoxia monetarista. Fueron los encargados de reanudar las negociaciones con el FMI.

En mayo del ’85, Sourrouille se encontró con Paul Volker, James Baker, secretario del Tesoro y con Jacques De Lorosiere, presidente del Fondo Monetario Internacional para cerrar los términos del Plan Austral. Definido como una política de shock que implicaba la creación de un nuevo signo monetario en una Argentina que había tenido una inflación anual en 1984 del 683%.

En 1986 hubo un nuevo acuerdo con el FMI. Se firmó sobre pautas mucho más rigurosas que las iniciales y la obligación de una tasa de inflación mensual del 8%. Argentina pagó 250 millones de dólares en concepto de intereses a un grupo de bancos, solo para cubrir una parte de los 1.300 millones de dólares que el país debía.

Carlos Menem decidió no solo no confrontar sino hacer todos los deberes que pedían desde Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos propuso un plan, conocido como Plan Brady, por su apellido. Consistió en la emisión de nuevos bonos para canjear los anteriores. Así fue que se privatizaron empresas públicas aceptando el pago de esos activos con bonos de una deuda que seguía creciendo. Cuando concluyó su segundo mandato superaba los 111 mil millones de dólares.

En el 2000 la presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante, al punto que el Presupuesto Nacional de ese año preveía destinar el 20% de los recursos al pago de la deuda externa.

Fernando de la Rúa no hizo más que acrecentar la crisis con determinaciones que agudizaron la debilidad del país a partir de su endeudamiento. Primero fue el promocionado como Blindaje en 2001. Fue la promesa de recibir un crédito por 40.000 millones de dólares, 13.700 del FMI, para “blindar” la economía de los efectos financieros. El Estado se convertía en un mero pasamanos, ya que ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes.

A cambio del Blindaje argentina debía Reforma Previsional eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres. También exigía el FMI achicar el Estado en áreas como el PAMI y el ANSES y la desregulación de las obras sociales. Nada solucionó el blindaje. De la Rúa convocó a Domingo Cavallo quien propuso un «megacanje» de títulos públicos de deuda por 50 mil millones de dólares con la intención de postergar vencimientos en el contexto de la crisis económica que vivía el país.

Para hacer la operación, el gobierno convocó a un conglomerado de bancos, encabezado por el Credit Suisse First Boston, a cargo de David Mulford. Fue un escándalo que involucró a su ministro de economía Domingo Felipe Cavallo acusado de haber favorecido a un grupo de bancos que cobraron un total de 120 millones de dólares por reemplazar medio centenar de títulos de la deuda externa por sólo cinco bonos con fecha de vencimiento diferida. De esos 120 millones, 20 les correspondieron al banquero estadounidense David Mulford, que fue quien ideó la operación.

Un documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), presentado por quien sería luego secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, ponderó el incremento registrado en la deuda soberana tras el megacanje en 9.500 millones de dólares, mientras que otros cálculos quintuplican ese monto. Argentina ya estaba en default.

Años más tarde desde la presidencia Cristina Fernández de Kirchner supo calificar al «megacanje» y al anterior «blindaje» como «las mayores estafas de la historia financiera de la Argentina».

A fines del 2001 el presidente por una semana, Adolfo Rodríguez Saá. Cuando asumió anunció la suspensión de pagos relacionados con la deuda externa.

El FMI es una herramienta poderosa de la geopolítica estadounidense para controlar y subordinar la dirección económica de los países que están en su órbita de acción política. Sus mandatos en nuestra historia más reciente, la de los últimos 45 años, ha dejado una dolorosa huella en el país. Siempre necesitó operadores internos, identificarlos para repudiarlos es una tarea de ciudadano que ninguno de nosotros debería dejar de hacer.