El gobierno porteño ha determinado no aceptar cuestionamientos a su determinación de reiniciar las clases presenciales la semana próxima. La presencialidad de los alumnos es obligatoria, de no asistir le corresponderá una falta y con el correr de los días y las ausencias quedará libre perdiendo su vacante en el colegio.

Varios padres están planteando la falta de libertad que sienten al estar acorralados por esta determinación. No puede optar lo que es mejor para su familia, entendiendo que hay un claro riesgo de contagio en la asistencia a las aulas. Además, los están forzando a firmar una declaración jurada donde la ciudad desliga su responsabilidad ante cualquier contagio. Esta situación se encuentra atada a la posibilidad de futuros juicios contra el Estado porteño por situaciones graves que puede generar la determinación de iniciar las clases presenciales sin haber vacunado a los docentes y personal escolar estando en medio de una pandemia.

Esta situación se refleja también en un documento que están haciendo circular integrantes del CONICET al señalar que “la obligatoriedad de concurrir a la escuela podría terminar generando tanta o más exclusión que la educación no presencial si, quienes no asisten, corren el riesgo de perder la continuidad pedagógica o incluso su vacante”. El documento, que detalla recomendaciones para medidas que se deben asumir para evitar contagios, resalta también que “algunas familias podrían preferir no sumarse a la presencialidad escolar por temor a enfermarse, incluso sin que resida en el hogar una persona con factores de riesgo. Luego de un año de realizar esfuerzos para evitar el contagio propio, de las personas que conviven en el hogar y de la sociedad en general, resulta contradictorio forzar a las familias a relegar su temor al contagio para realizar una actividad viable de forma remota”.