El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a 5 años de prisión al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa en el marco del juicio por el denominado caso Skanska, donde se investigaron maniobras de corrupción en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.

La decisión fue tomada por la mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel, en línea con lo que habían reclamado durante el alegato el titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Lucio Sebastián López. En disidencia votó la jueza María Gabriela López Iñiguez. Los fundamentos se conocerán el próximo 22 de septiembre.

Los exfuncionarios fueron considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se les fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, los magistrados del tribunal condenaron a 4 años de prisión a tres directivos de Skanska por considerarlos coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de Mario Alberto Piantoni, Gustavo Ángel Vago y Javier Azcárate.

Con respecto a los gerentes Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba, los condenaron a 3 años de prisión por los mismos delitos.

En relación al contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group Adrián Félix López, los magistrados fijaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para ambos por ser responsables del delito de cohecho activo.

La mayoría del tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos, correspondientes al producto de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, un monto que será actualizado al momento en que quede firme la con