La multiplicación de torres en los barrios más cotizados de la geografía porteña es, acaso, una instantánea que invita a profundizar sus causas y consecuencias sociales. Las moles no solo desparrama sombras, también desnudan intencionalidad de proyectos políticos direccionados a atender ciertas demandas y descartar otras.

Vale aclarar rápidamente que la sumatoria de edificios no se traduce en un aumento de la población. En realidad, estos negocios inmobiliarios que tienen como correlato políticas que aplica el gobierno local, atiende y a la vez estimula, cuestiones relacionadas a habitantes con mayor poder de consumo. Hace tiempo que, lejos de combatir la pobreza, la Ciudad de Buenos Aires declaró una sutil batalla expulsando a quienes poseen menor poder adquisitivo.

Los datos demográficos son contundentes para sostener esta afirmación, desde hace más de 70 años la ciudad mantiene la misma cantidad de habitantes. El censo de 1947 estableció que 2.981.043 personas residían en CABA; en el de 2010 la cifra fue levemente inferior, 2.890.151. El perfil socio económico de los porteños, con poco más del 21% de pobres, se encuentra muy por debajo del resto del país que por estos días acumula el 40% de gente viviendo bajo la línea de la pobreza.

Tal como sucede en otras regiones la distribución de sus habitantes se despliega de acuerdo a sus características económicas. Según un informe publicado semanas atrás por la revista Apertura el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad es de u$s 2.217. De los 48 barrios porteños el menos cotizado es Villa Soldati que promedia una cotización de u$s 774 por metro cuadrado, en tanto el más caro llega a u$s 4.935 en Puerto Madero.

Las políticas públicas de la administración porteña apuntan a fortalecer la tendencia de satisfacer y contener a los sectores económicamente mejor posicionados. Desde esa mirada se observan las dos caras de la moneda. La habilitación extraordinaria de permisos para construir en los barrios más caros, a costa de sacrificar espacios verdes y humedales; a la desatención de cuestiones básicas como la escuela pública, cuya inversión ha ido declinando con el correr de los años. El ministerio de Educación de la Ciudad dejó caer su presupuesto un 14% en términos reales (descontando el efecto de la inflación) entre 2011 y 2020. Dentro del total de gastos del Gobierno porteño se redujo del 23,8% al 18,5% en ese período.

La educación no es la única política pública cuyos recursos están siendo paulatinamente esmerilados. También bajó considerablemente en los últimos dos años el presupuesto destinado al proceso de reurbanización de villas de la Ciudad de Buenos Aires, período en el que además la cifra asignada no alcanzó a ejecutarse en su totalidad. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) esta paralización afectó a los habitantes de cuatro barrios porteños donde se habían iniciado, en 2016, obras de reurbanización que apuntan a la construcción de viviendas nuevas, apertura de calles y avenidas, nuevos espacios verdes, dependencias gubernamentales y procesos de remodelación de infraestructura para avanzar con derechos básicos como el acceso a agua potable, un tendido eléctrico habilitado y en condiciones, entre otras cosas.

La villa 20, el Playón de Chacarita y los barrios Padre Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31-bis) y Rodrigo Bueno integran este proceso que en 2019 tuvo un presupuesto ejecutado de más 30.000 millones de pesos, mientras que en 2020 esa cifra no alcanzó los 10.000 millones y, hasta el segundo trimestre de 2021 fue inferior a los 5.000 millones. La recaudación del gobierno porteño se duplicó en 2021, sin embargo se subejecutan los gastos en educación y vivienda, de acuerdo a un informe de ejecución presupuestaria informada por la administración local relacionado a un trimestre del año pasado.

La Ciudad de Buenos Aires tiene el tercer presupuesto más voluminoso del país, después del nacional y el de la provincia de Buenos Aires, es de $ 964.388 millones para 2022. Medido por habitante es la ciudad más rica de Sudamérica que se da lujos extravagantes, como haber gastado en 2021 más de 838 millones de pesos en estudios de opinión pública; $10.428.023 en posteos en Facebook, o 6,5 millones de pesos para que una empresa haga un relevamiento y mantenimiento de macetas, según denunció esto último el Observatorio del Derecho a la Ciudad.