El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de la Capital Federal condenó a 5 años de prisión al exvicepresidente del Banco General De Negocios, Carlos Alberto Rohm, por ser considerado jefe de una asociación ilícita destinada al desvío de fondos de clientes de la entidad financiera, desde mediados de la década del ‘90 hasta su cierre definitivo en 2002. La investigación abordó maniobras de fuga de capitales realizadas para eludir las restricciones del denominado “corralito”, en el marco del colapso financiero de 2001 que derivó en el perjuicio de ahorristas.

En la sentencia, dada a conocer el viernes pasado, el tribunal -integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni- dispuso además el decomiso de más de 45 millones de dólares y condenó también a otros ocho directores y funcionarios de la entidad bancaria por el mismo delito, aunque en calidad de miembros.

En el debate -iniciado hace más de un año y tres meses- intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset.

A su vez, la fiscalía contó con la colaboración técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena.

Los ocho condenados como miembros de la asociación ilícita son Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli, para quienes el tribunal impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Según probó la fiscalía, todos ellos, desde sus diferentes roles, formaban parte de una estructura delictiva. Asimismo, todos los imputados fueron absueltos, por prescripción, en relación al delito de administración fraudulenta por el que también habían llegado elevados a juicio.

La resolución ordenó también el decomiso de la suma de 45.685.000 dólares a entidades financiera investigadas. De esa cifra, 25.494.000 dólares corresponden a Credit Suisse y otros 19.740.000 dólares a JP Morgan Chase Bank.

Según se indicó, la cifra decomisada deberá ser destinada a la restitución de las víctimas afectadas por las maniobras defraudatorias, cuyo perjuicio económico se estimó en al menos 19.020.811 dólares.

También se dispuso el decomiso de los fondos originados de la venta de las acciones de la empresa “Química Estrella SA”, que formaron parte de la investigación, los cuales serán afectados al pago de la demanda por daño moral, fijada en 98.614.500 pesos.