El Ministerio de Economía realizó este martes el acto de apertura de las ofertas técnicas para la privatización de AySA, de la que participaron dos oferentes. El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes al 90% de la empresa, un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio y una presencia de oferentes tanto nacionales como internacionales.
El futuro operador deberá invertir de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado. Además, durante el primer ciclo de cinco años el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales
La privatización de este servicio generó reacciones contrarias desde distintos sectores. Uno de ellos es la CTA junto a organizaciones ambientalistas y barriales. Lo hicieron denunciando que el DNU 493/2025 modifica el marco regulatorio para retrotraer a situaciones similares vividas en los ’90 cuando se eliminó el derecho humano al agua autorizando cortes de servicio por falta de pago.
Desde la central obrera se señala que «con tarifazos del 200%, obras frenadas en barrios populares y la flexibilización de controles sanitarios de calidad, el gobierno de Milei solo busca garantizarle un negocio rentable al capital privado», sentenciando que «el agua es un bien común y no se vende».
