El Plan Cóndor fue diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar opositores.

En 2005 el Presidente uruguayo, Tabaré Vazquez, anunció que los restos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, estaban sepultados en el Batallon 14, ubicado en Toledo un pequeño poblado de la localidad uruguaya de Canelones. Estando embarazada, a los 19 años, María Claudia García y su esposo Marcelo Gelman, fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976 por un grupo de tareas. Dos meses más tarde fueron trasladados a Montevideo. En la capital uruguaya, y mientras estaba detenida en forma clandestina, María dio a luz, tiempo después fue asesinada. Su hija fue secuestrada y entregada a un policía uruguayo con quien estuvo hasta el 2000, año en que la joven supo la verdad sobre su origen.

La ley de perdón vigente en Uruguay, sancionada en 1986, impide juzgar a los militares por la desaparición de personas durante los años de dictadura que sufrió este país, entre 1973 y 1985. Según la Comisión para la Paz, que investigó las víctimas que dejó aquel proceso, hay en Uruguay 163 desaparecidos. Más de 100 fueron secuestrados en Argentina y después trasladados a territorio uruguayo. Ellos han sido víctimas de la coordinación para la represión que mantuvieron las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en los años setenta. Un plan conocido bajo el nombre de Cóndor que comenzó a pensarse en Chile e, a partir del golpe que instaló a Pinochet en el poder en 1973.

El caso que podría definirse como el primero en mostrar alianzas militares para sostener la represión en el cono sur, fue el asesinato del general Chileno Carlos Prats y su esposa, ocurrido en Buenos Aires en septiembre de 1974. Prats había sido Comandante del Ejército del depuesto presidente socialista Salvador Allende. El General trasandino salió de Chile luego del golpe militar, ocurrido en 1973 y se instaló en Buenos Aires. El estadounidense Michael Towley fue considerado el autor material del hecho y fue quien implicó en el caso a Enrique Arancibia Clavel, ex agente de la DINA, el servicio de policía secreta que tenía Pinochet.

Arancibia Clavel fue condenado en Argentina, en 2004, a reclusión perpetua. La jueza que llevó la instrucción de este caso, María Servini de Cubria, investigó también la responsabilidad de Pinochet en éstos asesinatos, y pidió en dos oportunidades, interrogar al ex dictador sospechando que era el autor intelectual del asesinato. La justicia chilena rechazó las peticiones argumentando que existía un proceso judicial abierto en el país trasandino donde se investigaba el asesinato de Prats. Esas causas judiciales se abrieron en 2002, después que Servini de Cubria pidiera, por primera vez, interrogar a Pinochet. En aquel entonces, la Corte de apelaciones chilena negó la posibilidad de interrogarlo, y ordenó se abriera un proceso judicial para investigar este hecho producido 28 años antes. Durante todos esos años, las 3 hijas de Prats pidieron, solicitaron en varias ocasiones, se inicie un proceso judicial en Chile, y siempre, esta posibilidad, fue desestimada por la justicia chilena.

El asesinato de Prats, en los inicios de la dictadura Pinochetista, fue una demostración de cómo comenzaba a construirse una red de represión capaz de operar en toda la región. Una cooperación coordinada de los servicios de inteligencia militar de los distintos países que sufrían dictaduras.

Documentación desclasificada corroboró que el Plan de represión regional denominado Cóndor, fue impulsado por Chile y supervisado por Estados Unidos, que encontró en el General Augusto Pinochet al militar más confiable para darle el manejo de esta iniciativa. Estos documentos precisaron que el Plan Cóndor se institucionalizó el 29 de octubre de 1975 cuando la dictadura chilena convocó a una primera reunión de trabajo de inteligencia nacional. Hubo una serie de encuentros realizados en Santiago de Chile desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre de ese año, teniendo a la temible DINA como anfitrión. Los representantes de las distintas dictaduras del sur de América emitieron un primer documento señalando textualmente que “para enfrentar esta guerra psicopolítica que plantea la subversión, debemos contar con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias, además del conocimiento personal entre los jefes responsables por la seguridad”

Siguieron más plenarios de militares de la región. Algunos bilaterales. Del 3 al 7 de mayo de 1976 los ejércitos de Brasil y Paraguay realizaron una cumbre. Uno de los ítems a tratar en estas jornadas fue las “actividades subversivas internas y sus conexiones con el exterior desde noviembre de 1974 hasta la fecha”.  Hubo muchos más pináculos para fortalecer las estrategias comunes represivas en el cono sur.

Tras la desclasificación de documentos secretos en Estados Unidos, se pudo precisar que las dictaduras sudamericanas utilizaban para intercambiar información de inteligencia y formación de cuadros, la base estadounidense en el Canal de Panamá, establecida desde 1946. La Escuela de las Américas se encargó de entrenar oficiales militares latinoamericanos. En esta base estadounidense de Panamá se coordinaron acciones represivas, se monitoreó la muerte y desaparición de adversarios políticos de las dictaduras de Sudamérica, entre quienes se encontraban, dirigentes juveniles, de partidos políticos, de derechos humanos y sindicalistas.

El analista Peter Kornbluh, conocido como el señor de los archivos porque ha dedicado más de 30 años de su vida a conseguir desclasificar documentos secretos del gobierno de EE.UU, describe crudamente el apoyo de ese país al golpe contra Salvador Allende. “Chile llegó a ser un símbolo muy grande del abuso de poder de Estados Unidos, de mi gobierno, del abuso de la moralidad”, relató en un reportaje publicado en 2017 en el diario chileno La Tercera.  Kornbluh halló un documento fechado el 5 de noviembre de 1970, donde Kissinger le explica a Nixon por qué era necesario sacar del camino a Allende. “El ejemplo de un gobierno marxista electo exitoso en Chile tendría, seguramente, un impacto -y un valor como precedente- en otras partes del mundo, especialmente en Italia”, se lee en ese memorando.

La diplomacia de Estados Unidos fua acomodando tareas e intereses para cada dictadura sudamericana. Militares argentinos aparecen denunciados de instruir a grupos de tareas en países centroamericanos. Participaron en acciones directas de instrucción o acción para el asesinato o desaparición de personas en otros países. Lo hicieron por sugerencia de Estados Unidos que estaba preocupado por los movimientos insurgentes que proliferaban en el centro de América.

Estos hechos salieron a la luz cuando, en 1993, el Comisionado Gubernamental de Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, denunció la participación de oficiales argentinos en la represión de ese país. Valladares afirmó, en un informe presentado ante el parlamento hondureño, que los presidentes Regan y Galtieri, habían conformado una extraña sociedad secreta para llevar adelante esta intromisión en el país centroamericano. Una sociedad donde EEUU ponía el dinero e inteligencia y Argentina la mano de obra.  Esta sociedad con Estados Unidos, que denuncia Valladares, fue el principal argumento que Galtieri esgrimió ante sus generales cuando decidió avanzar militarmente sobre Malvinas en 1982.  Galtieri creyó que los norteamericanos responderían solidariamente a favor de nuestro país, teniendo en cuenta la secreta acción conjunta que libraban en Centroamérica.

El funcionamiento orgánico del Plan Cóndor fue regenteado por los principales y más influyentes dirigentes de EEUU en aquellos años. En el año 2003, durante una emisión del programa 60 minutos que se emitía por la cadena CBS de televisión estadounidense, el ciclo abrió una de sus ediciones recordando imágenes del golpe militar que derrocó a Salvador Allende en Chile. En el estudio estaban presentes invitados esperaban su turno para hablar. Entre ellos el hijo del General chileno René Schneider, asesinado el 22 de octubre de 1970, quien dijo que había pruebas suficientes para demostrar que el asesinato de su padre fue ejecutado por agentes de la CIA con orden directa del por entonces secretario de estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.

El General Schneider, que en 1970 era el comandante en Jefe del Ejército chileno, quería mantener al ejército alejado de la participación política. Su negativa a participar de un nuevo golpe culminó con su vida, según declaró su hijo en el programa televisivo. Documentos presentados en ese mismo programa televisivo revelaron la complicidad de la CIA y del propio Kissinger en el asesinado de Schneider.  Documentos desclasificados, que pertenecían a la central de inteligencia norteamericana dan cuenta que en 1970 el presidente Richard Nixon le ordenó a Kissinger y al director de la CIA de ese entonces, Richard Helms, impedir la asunción de Salvador Allende. El Presidente Chileno denunció la maniobra y los desafío públicamente en un acto multitudinario realizado en Santiago.

Henry Kissinger tuvo un rol protagónico en las tareas ligadas a las políticas de EEUU para la región. Se suele afirmar con cierta dosis de certeza, que personalmente monitoreaba la relación del país del norte con cada una las dictaduras sudamericanas. En 1978 visitó oficialmente nuestro país,

Quienes han investigado el accionar del Plan Cóndor, coinciden en señalar que el protagonismo de Pinochet, en la coordinación de las acciones fue notable. Su influencia sobre fuerzas políticas relacionadas con los sectores ultra-conservadores dejó huellas en los países del cono sur.  En febrero de 1993 Pinochet, fuera ya de la presidencia, pero no del poder en su país, visitó Uruguay. El presidente de la banda oriental. Luis Alberto Lacalle se negó a recibirlo. La central sindical charrúa también hizo ver su molestia por la llegada del Pinochet y decretó un paro general. Hubo manifestaciones que inundaron las calles de Montevideo en protesta por la visita del dictador. Pese a todo, Pinochet fue recibido por el ex presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, se encontró con el Jefe del Ejercito, el General Juan Rebollo y con numerosos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Fue una demostración de poder fuera de las fronteras de su propio país y en un momento muy especial.

Aquella visita de Pinochet tuvo un propósito muy puntual. En esos días el químico Eugenio Berrios, ex agente de la DINA debía presentarse ante la justicia chilena para dar testimonio sobre el atentado que en septiembre de 1976, en Washington, le costó la vida al canciller chileno Orlando Letelier. A Berrios se lo relacionaba como responsable de la fabricación de los denominados gases sarín, soman y tabun, para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores al régimen. Fue un engranaje más de la conexión de la dictadura chilena, bajo el paraguas del Plan Cóndor, con sus similares de la región.

Para cuando comenzaron las primeras investigaciones de su accionar, ya terminada la dictadura, escapó a Montevideo en 1991. Fue asesinado en 1993 y su cadáver fue hallado en la playa del balneario uruguayo El Pinar. La justicia uruguaya puso la mirada en militares chilenos (algunos eran custodias de Pinochet) como responsables del asesinato de Berrios. Es en ese marco que el dictador llega a Uruguay para colocar presión al gobierno y justicia local que ya rozaban investigarlo como instigador del asesinato. Finalmente, la justicia uruguaya condeno a 11 militares chilenos y 3 uruguayos por el crimen.

El químico Berrios también era investigado por la justicia para conocer si tuvo participación en el asesinato de Orlando Letellier. Al ex canciller de Salvador Allende le pusieron una bomba en su auto que explotó mientras manejaba por las calles de Washington. En octubre de 2015, el secretario de Estado, John Kerry, le entregó a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, una serie de documentos desclasificados sobre el atentado. Uno de los papeles clave es un memorando secreto que en 1987 redactó el entonces secretario de Estado, George Shultz, para el presidente Ronald Reagan. El texto aseguraba que la CIA consideraba que existían “pruebas convincentes” de que Pinochet “ordenó personalmente a su jefe de inteligencia (Manuel Contreras) preparar el asesinato”.

No son pocos los agentes de la DINA que han sido protagonistas de incursiones tan curiosas como groseras. En agosto del 2002 el ya nombrado ex agente Enrique Arancibia Clavel, fue procesado por el juez Argentino Juan José Galeano, quien le dictó prisión preventiva como responsable del secuestro, en 1977, de dos ciudadanos chilenos en nuestro país. El 12 de junio de ese año, Arancibia Clavel integró un grupo de tareas, junto a otras 15 o 20 personas, que irrumpieron en una casa ubicada en la Calle Estados Unidos 1626 de la Capital Federal, y secuestraron a dos personas de nacionalidad chilena. Galeano, en su escrito, dio por sentado que este hecho se enmarcó en el denominado plan Cóndor, pese a que ya habían pasado más de una década de concluidas las dictaduras del cono sur y la de Chile en especial.

En el marco del Plan Condor también existen denuncias de al menos 9 ciudadanos brasileros que fueron secuestrados en Argentina. El 15 de abril de 1976, pocas semanas después del golpe que instaló a Videla en la casa Rosada, fue secuestrado en un hotel de Buenos Aires el campesino brasilero Jorge Alberto Basso, de 25 años. Basso había huido de Brasil en 1971, se exilió en Chile, y cuando cayó Allende, en 1973, llegó a la Argentina. Otros ciudadanos brasileños que desparecieron en nuestro país fueron, María Regina Marcondes Pinto, Luis Renato do Lagos Farias, Francisco Tenorio Cerqueira Junior, Marques Dos Santos, Sergio Fernando Tula.

Como parte del intercambio de favores que acordaban las dictaduras bajo el paraguas del Plan Cóndor, estaba aceptar interrogatorios de prisioneros propios por agentes extranjeros. Un gestó así aceitaba las relaciones bilaterales.  El 6 de noviembre de 1978 el Ejército Argentino invitó a dos reconocidos torturadores Paraguayos. Camilo Morel y Lucio Benítez, para que vengan a interrogar a detenidos paraguayos en cárceles clandestinas argentinas.

La cantidad de víctimas del Plan Cóndor no se puede precisar, aunque si queda en claro la constitución de una asociación ilícita que coordinaba la desaparición sistemática de personas. Entre ellos, algunas figuras de alto perfil público como el general Juan José Torres ex presidente de Bolivia, Zelamar Michellini y Héctor Gutierrez Ruiz ex presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay.

Los casos de las víctimas de los crímenes del Plan Cóndor que fueron investigados en la Argentina en una causa cuyo tramo más avanzado llegó a sentencia en mayo de 2016 después de casi tres años de juicio oral y público, concluyó condenando a catorce ex jefes militares y de Inteligencia argentinos, y uno uruguayo. Recibieron penas de entre 25 y 8 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad. De las 109 víctimas correspondientes a la causa del Plan Cóndor, 16 son argentinas, 9 bolivianas, 22 chilenas, 13 paraguayas, 1 peruana y 48 uruguayas.

El 22 de diciembre de 1992 en una dependencia policía paraguaya se hallaron 5 toneladas de archivos, en los que constan las actividades terroristas de las dictaduras del sur de América. Los llamados documentos del terror fueron encontrados por un abogado y educador paraguayo llamado Martín Almada. Su esposa, Celestina Perez, fue asesinada en 1974.

Los archivos del terror, descubiertos gracias a la persistencia de Martín Almada se transformaron en una revelación que dio una real dimensión del nivel de cooperación que sostuvieron las dictaduras en los setentas, para reprimir brotes de oposición a sus gobiernos. Los archivos no solo dieron testimonio de la actividad represiva de las dictaduras, sino también de la participación que tuvo la Central de Inteligencia de EEUU apoyando las acciones terroristas de los gobiernos militares.

Aquel hallazgo fue tan impactante que se pidió a la Unesco lo declare patrimonio de la humanidad, teniendo en cuenta su significado para la memoria internacional. El sociólogo francés Alain Touraine encabezó en 1992 una delegación francesa que llegó a Asunción para interiorizarse de su contenido. Entre los documentos encontrados había publicaciones enviadas por la CIA y el FBI a las fuerzas de seguridad. Una de ellas, desarrolla bajo el título “Como mantener vivos a los torturados“, técnicas de sometimiento físico que permiten llegar al límite el sufrimiento de los detenidos sin hacerlos morir. Una autentica guía de la perversión que llevó adelante el Plan Cóndor.