El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, ordenó a las empresas extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburifero denominado León Marino (Sea Lion), a realizarse en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
De esta manera, la jueza Borruto hizo lugar parcialmente a la medida cautelar presentada en el marco de una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) –integrado por los exsoldados conscriptos que combatieron en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
En la resolución, la magistrada federal dispuso que las empresas demandadas “prescindan de cualquier intervención que implique: la perforación del lecho o subsuelo marino destinada al desarrollo o explotación hidrocarburífera; la instalación permanente de infraestructura submarina destinada a la extracción o producción de hidrocarburos; la instalación de conductos, líneas de flujo y sistemas de conducción; la inyección o control y estructuras de fondeo permanente vinculadas con la explotación; la puesta en funcionamiento de áreas flotantes; el inicio de la extracción o explotación comercial de hidrocarburos; y la ejecución de las obras e instalaciones terrestres y portuarias destinadas a estas actividades”.
La jueza indicó que la suspensión regirá hasta que la autoridad ambiental nacional competente tramite la evaluación del impacto ambiental y emita su decisión, o bien hasta que el juzgado determine lo contrario. También intimó a las empresas a que informen dentro de los diez días y con carácter de declaración jurada, sobre el estado actual del proyecto y ordenó que preserven toda documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con el proyecto Sea Lion.
A su vez, pospuso el tratamiento de la prohibición general solicitada por los denunciantes respecto de “nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital que lleven a cabo las empresas”, a la espera de contar con la individualización concreta de los sujetos, operaciones y bienes específicos involucrados.
Por último, libró oficio a la Subsecretaría de Ambiente, a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informen sobre declaraciones ambientales con respecto al proyecto Sea Lion y sobre autorizaciones, habilitaciones, antecedentes administrativos y sanciones vinculadas con las empresas demandadas.
