El jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, asistió este miércoles a la Legislatura donde ofreció un informe de gestión para después escuchar las preguntas de los representantes que componen el cuerpo legislativo. Por momentos su discurso quedó en un segundo plano ya que desde distintos sectores opositores se criticó fuertemente a quien preside la Legislatura, la vicejefa de gobierno Clara Muzzio, tras conocerse recientes declaraciones que hizo contra el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que se imparte en todas las escuelas del país.

En declaraciones al sitio Infobae Muzzio aseguró que el ESI “es una trampa mortal” que introdujo ideas en los niños con “una fuerte destrucción de la información real”. En la sesión especial fueron muchos los diputados que salieron al cruce de semejante comentario.

Vanina Biasi fue la primera en cuestionar a Muzzio desde el recinto de Perú 130. «Cuando una de las máximas autoridades de la Ciudad niega derechos reconocidos por la ley y por la evidencia científica, está habilitando la discriminación desde el propio Estado», señaló la legisladora socialista iniciando una ronda de críticas a la Vicejefa de Gobierno sin que ella respondiera. Hubo solo un momento en el que buscó ser irónica señalando que en lugar de hablar de ella mejor sería hacerle preguntas al Jefe de Gabinete. Las críticas se multiplicaron.

Por fuera de estos momentos críticos a la titular del cuerpo legislativo Sánchez Zinny resalto, entre otras cosas, que Buenos Aires es hoy una ciudad donde el espacio público volvió a tener reglas claras. «Una ciudad sin piquetes, sin manteros y sin ranchadas», señaló repasando algunas de las acciones desarrolladas por el gobierno porteño para recuperar el espacio público. En ese marco, informó que entre enero y abril se realizaron cerca de 6.000 secuestros vinculados a la venta ilegal, más de 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 97 operativos integrales en villas y asentamientos para fortalecer la convivencia urbana.

El Jefe de gabinete también destacó la reciente reforma del Código Contravencional, que endurece las sanciones contra los denominados «trapitos», y recordó que desde 2024 se concretaron 844 desalojos de inmuebles usurpados, acompañados por dispositivos de asistencia social para las personas afectadas.