Una empresa pública de la provincia de Buenos Aires se presentó para participar del proceso de concesión de las rutas nacionales 3, 205, 226 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de AUBASA que funciona como sociedad del Estado bonaerense desde 2013 dedicándose a la construcción, conservación y explotación de rutas y autopistas bajo el régimen de concesión mediante el cobro de tarifas o peaje.

El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, reclamó transparencia en el proceso licitatorio explicando que AUBASA es una empresa pública eficiente, que cumple rigurosamente todos los requisitos técnicos y económicos, y posee la experiencia y capacidad necesaria para ejecutar las obras que estas rutas necesitan. «Nuestro compromiso es mejorar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a los bonaerenses, tal como nos pide el gobernador», señaló el ministro en una conferencia de prensa este lunes acompañado por el Ministro de Gobierno Carlos Bianco.

Katopodis resaltó que observan un proceso de licitación «muy poco transparente» que está llevando adelante el gobierno nacional con cambios y modificaciones que van marcando cierta arbitrariedad en la asignación de los concesionarios. «Una semana antes que se venza el plazo de la presentación modificaron 33 artículos del proceso licitatorio», explicó justificando sus sospechas sobre la poca transparencia en este proceso.

Frente a esta situación el  ministro señaló que «ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación, bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación, la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia».

Las acciones de AUBASA corresponden en un noventa y tres por ciento (93%) del capital social a la Provincia de Buenos Aires, cuya titularidad detenta la Secretaría de Servicios Públicos (Acciones Clase A), y en un siete por ciento (7%) que será destinado a los empleados que adhieren al Programa de Propiedad Accionaria del Personal, representados por la respectiva organización sindical (Clase B).