Según reconoce la ONU existen en el mundo 17 enclaves coloniales. Territorios que todavía tienen un sistema de dominación de tipo colonial. Nueve están ubicados en el Atlántico y el Caribe; seis en Asia; uno en África y uno en Europa. Gran Bretaña ocupa el primer puesto como imperio usurpador, uno de esos territorios son nuestras Islas Malvinas que llevan 193 años de la ocupación ilegítima.
El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. Las Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el llamado “Nuevo Mundo” desde 1492.
A principios del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En este avance la expedición que comandaba Magallanes en 1520 se topó con las Islas Malvinas. A partir de ese momento, fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.
Toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado de Madrid de 1670, entre España e Inglaterra, y el Tratado de Utrecht de 1713.
La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue continua desde 1767 hasta el año 1811 con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con la administración de las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio.
En 1820, el Coronel de la Marina argentina David Jewett llevó a cabo el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas y concretó la toma solemne de posesión en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El gobierno argentino procedió también al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población, culminando en la creación, el 10 de junio de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.
Sin embargo, el 3 de enero de 1833, dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza por parte del Reino Unido, que ocupó ilegalmente las islas, expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas. El usurpador llevó súbditos británicos para poblar las Islas instaurando desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas.
El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, fue inmediatamente rechazado bajo protesta por las autoridades argentinas. Desde entonces todos los gobiernos de nuestro país han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 de 1965.
Esta resolución, adoptada sin ningún voto en contra, y en el marco del objetivo de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre Reino Unido y la Argentina que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas.
En cumplimiento de la mencionada Resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía. No obstante, y pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones de soberanía.
La comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en 39 del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre Países Árabes – Sudamérica (ASPA).
La negativa británica para cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido como la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas. Todos estos actos son contrarios a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han suscitado múltiples expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.
Pasaron 193 años de la usurpación de Malvinas y 41 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de noviembre de 1982, meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, solicitando, a los gobiernos reanuden las negociaciones. La negativa británica persiste, la petulancia imperial se arroga derechos a contramano de una época que va sellando heridas de un colonialismo territorial que se va acabando con llamativa lentitud en todo el mundo.


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