Por Hugo Yasky (Secretario General de la CTA y Diputado Nacional)

Cuando sectores cercanos al gobierno celebran el fallo favorable en la causa YPF y lo explican por los viajes de Javier Milei a Estados Unidos y su sometimiento a los caprichos de Trump, en realidad, están diciendo algo más profundo: expresan que, según su propia mirada, la Justicia no se define por pruebas ni argumentos sino por vínculos personales, afinidades políticas y cercanía con el poder.

Es decir, naturalizan que los fallos judiciales respondan a relaciones de fuerza y no a fundamentos jurídicos. Esa lógica, proyectada hacia atrás, ayuda a entender dos hechos centrales de nuestra historia reciente. Por un lado, la recuperación de YPF fue posible gracias al coraje político de Cristina Fernández de Kirchner, que tomó la decisión estratégica de recuperar una empresa clave para la soberanía nacional, y a la gestión de Axel Kicillof que la llevó adelante frente a enormes presiones.

Por otro lado, la interpretación mileista del fallo obliga a revisar la condena contra Cristina. Si quienes hoy gobiernan explican los resultados judiciales por amistades y vínculos políticos, entonces ellos mismos están reconociendo que la Justicia puede responder a decisiones tomadas entre amigos del poder.

De tal manera, resulta evidente que aquel fallo, sin ninguna prueba, ha sido producto exclusivo de presiones políticas. Hoy, en un mundo atravesado por guerras, crisis energéticas y precios del petróleo en alza, contar con una empresa estatal fuerte demuestra el acierto histórico de aquella decisión en términos de soberanía nacional.