Expertos en derechos humanos de la ONU han expresado su profunda preocupación por las medidas regresivas adoptadas en Argentina, que amenazan con socavar cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia, y han advertido que las informaciones sobre un posible otorgamiento de indulto a militares condenados por crímenes internacionales supondrían un grave retroceso para la rendición de cuentas.

“Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”, afirmaron los expertos, al hacer balance de los avances y los retos en el 50º aniversario del inicio de la dictadura militar en Argentina.

Destacaron los hitos de la justicia transicional en Argentina, entre ellos la CONADEP, el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento y sanción penal de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la restitución de la identidad de niños desaparecidos forzadamente y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.

“Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”, afirmaron los expertos resaltando que “lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”.

Los expertos han expresado su preocupación al Gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024, incluidas la reducción del papel del Estado en la promoción de las investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.

En los últimos años, el Gobierno argentino también ha desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, señalaron los expertos. “Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición”, afirmaron al tiempo que instaron “a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”.

Los expertos recordaron que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. “Esto no es opcional” aseguraron mostrando profunda preocupación por las instancias publicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.

“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, afirmaron y urgieron al Gobierno a no indultar a los militares condenados por crímenes atroces luego de que comenzaran a circular rumores en las redes sociales.

“Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional”, advirtieron para resaltar que “Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”.