El Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, dictó el procesamiento de 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar.

Los hechos investigados, de acuerdo con el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron, comprenden los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.

En el caso interviene el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, junto con el y la auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. A pedido del Ministerio Público Fiscal, 17 de los acusados comenzaron a ser indagados en diciembre pasado.

El juzgado dispuso además prisión preventiva para cuatro de los imputados lo que será recurrido por el Ministerio Público Fiscal, ya que había pedido esa medida de coerción para la totalidad de los acusados. También, ordenó embargos de entre 10 y 15 millones de pesos.

La causa se inició en mayo de 2025. La mayoría de ellos ya habían sido juzgados o condenados en otros procesos por delitos de lesa humanidad vinculados con secuestros, asesinatos o desapariciones de los padres y madres de las actuales víctimas. En ese requerimiento, la fiscalía identificó al menos cinco patrones de criminalidad dirigidos contra niños, niñas y adolescentes. El documento describe situaciones de menores que fueron afectados directamente por los operativos represivos contra sus familiares o que quedaron expuestos a episodios de violencia extrema durante secuestros y detenciones ilegales.