Tras la investigación llevada adelante por el fiscal federal Franco Picardi, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, al considerarlo líder de una asociación ilícita que, desde el Estado, generaba millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas en el ámbito farmacéutico. La resolución abarca otros 18 procesamientos, entre los cuales se encuentran cinco exfuncionarios.

“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, indicó el juez Sebastián Casanello en su resolución, donde hizo foco en los hallazgos y la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal.

“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, había marcado el fiscal en el pedido de indagatorias que había realizado en noviembre del año pasado.

Además de señalarlo como jefe de la asociación ilícita, Spagnuolo fue considerado autor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo. En esa línea, se le fijó un embargo de 202.828.725.464 pesos.

Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, además de haber sido considerado también jefe de la asociación ilícita. Fue embargado por 202.247.451.393 de pesos.

Además, fueron procesados los exfuncionarios Diego D´Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno por los mismos delitos que Garbelli. En el caso de González y Di Giorno, se le sumó la acusación por cohecho. A todos se les fijaron embargos de entre 171.922.464.409 y 172.087.568.067 pesos.

Por otra parte, se consideró como jefes de la asociación ilícita a Miguel Ángel Calvete y a Pablo Atchabahian, además de ser señalados como partícipes necesarios de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional. A Calvete se lo procesó también por cohecho activo y se lo embargó por 203.072.992.394 de pesos mientras que el monto embargado a Atchabahian fue de 202.247.451.393.

“La investigación llevada adelante hasta acá permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos. La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, señaló el juez Casanello.

En ese sentido, recordó el dictamen del fiscal Picardi, quién había señalado que la agencia habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas. “Como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, había remarcado el representante del MPF.

“El fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de pagos indebidos a funcionarios/as de la agencia a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”, agregó el juez.