Desde el bloque Unión por la Patria se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para rechazar el DNU 941-2025, al considerar que la norma introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes. Proponen restituir la plena vigencia de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, en su redacción y estado normativo previos al dictado del decreto.

El proyecto advierte que la atribución de facultades coercitivas a un organismo de inteligencia, cuya actuación se rige por lógicas de secreto y reserva institucional, incrementa de manera grave los riesgos de arbitrariedad y debilita los mecanismos de control democrático. En un Estado de Derecho, sostienen las y los legisladores, el secreto no puede constituirse en fundamento de la coerción estatal.

La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.

En paralelo, desde la presidencia del bloque Unión por la Patria, su titular Germán Martínez envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con el objetivo de garantizar el control parlamentario y el tratamiento inmediato del DNU 941-2025, que modifica la Ley 25.520.

Desde el bloque remarcan que la intervención urgente del Congreso resulta indispensable para resguardar la Constitución Nacional, la división de poderes y los derechos y garantías fundamentales, reafirmando su compromiso con el Estado de Derecho.