El gobierno nacional desreguló el sistema de aranceles que desde hace más de tres décadas establecía la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. El decreto correspondiente a esa determinación se publicó este martes en el Boletín Oficial dejando sin efecto la normativa que regulaba esa determinación desde 1993.

De esta manera quedó eliminada la obligación de los institutos de enseñanza privada en comunicar anticipadamente al control estatal los montos de las cuotas para que sean autorizados  y de obtener autorización previa para cualquier modificación. En el decreto desregulador se justifica la decisión señalando que la normativa derogada limitaba la “capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.