El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que se referencia en Patricia Bullrich, quedó en la mira de la justicia bajo sospecha de ser utilizado para financiar actividades políticas de la titular del PRO.
La novedad fue publicada por la periodista Irina Hauser en Página 12 resaltando que el instituto está inscripto como una organización sin fines de lucro. Sin embargo, la Inspección General de Justicia sospecha que esto no es así y pidió la intervención judicial. Según detalla la periodista, la IGJ hará una denuncia ante la justicia electoral por violación a la ley de financiamiento de partidos políticos.
La Inspección General de Justicia se encarga de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro, para contribuir a la actividad económica en beneficio de todos. Desde esta función es que detectó que la entidad referenciada en Bullrich recibió, solo en 2022, 90 millones de pesos por supuestos encuentros/almuerzos presentados como seminarios (que en realidad eran eventos proselitistas) y donaciones de empresas. En ese mismo período pagó pasajes, catering, alquiler de salones y estadías ligados a actividades políticas y hasta las cuatro líneas de teléfono que están a nombre del partido Unión por la Libertad, que lideraba Bullrich y se acopló al PRO, que ella preside.
«Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar —en todo o en parte— acciones de proselitismo político en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata», explica la resolución que firma el inspector general, Ricardo Nissen.
