Por Claudio Leveroni
Voceros frecuentemente bien informados de Casa Rosada señalan que el gobierno fijó como fecha tope el viernes para presentar formalmente la letra chica del acuerdo con el FMI por la renegociación de la deuda que dejó Mauricio Macri. Aseguran que ya no hay más margen para demoras atendiendo que el próximo 22 de marzo vencen casi 3 mil millones de dólares que el país no podrá afrontar. El proyecto ingresará al parlamento por diputados.
Si bien no es exigencia del FMI, la aprobación del nuevo entendimiento debe pasar por el Congreso respetando el nuevo marco legal de nuestro país. Extraño, para endeudar no fue necesario.
El martes próximo el Presidente hablará ante la Asamblea Legislativa inaugurando un nuevo período de sesiones ordinarias. Su mensaje debe hacer referencia a los vaivenes que tendrá el país en materia de las pesadas obligaciones que adquirió el gobierno de Juntos x el Cambio. Las sesiones extraordinarias de febrero se anunciaron formalmente pero no se concretaron. Acaso sea una muestra de lo difícil que está resultando la negociación con el FMI. Los otros temas pendientes de tratamiento dependen del cierre de ese acuerdo.
El documento que se dejó filtrar esta semana ha tenido el propósito de amortiguar el impacto del resultado de una negociación asimétrica, más allá de algunas interpretaciones realizadas por sectores mediáticos con intereses encontrados al del gobierno nacional. No habrá un buen acuerdo porque no es posible tenerlo con un organismo que no está dispuesto a dar marcha atrás en su estrategia de monitorear y direccionar la economía Argentina. Lo que es peor aún, tiene el poder suficiente para hacerlo. El FMI no paga precio por una maniobra que no resulta exagerado definir como una verdadera estafa que tuvo entregadores puertas adentro de nuestra frontera.
El FMI no presta dinero para que se lo devuelvan. No representa esto una novedad, es su conducta estratégica histórica. Lo entrega para condicionar endeudamientos que permitan someter las economías regionales a los intereses de la nación mandante de ese organismo, Estados Unidos. La maniobra con Argentina arrastró un sin fin de irregularidades que no estarán sometidas a juicio alguno.
Ningún representante del FMI será castigado por la estafa, tampoco sufrirá consecuencias el organismo. La Argentina pagará sola los platos rotos de una maniobra dolosa. El gobierno no tuvo la determinación política de apuntar a los responsables locales reclamando juicios ejemplares para que este tipo de estafas, que encadenan la soberanía nacional y empobrecen al grueso de la población, no se vuelva a repetir. Es algo que debería haber planteado con firmeza desde el primer día.
El acuerdo con el FMI en el marco de esa estafa castiga a la víctima y premia al victimario. En voz baja lo reconocen en el gobierno. Un sector duro del Frente de Todos propone el rechazo. Lo dejará en claro en la votación en ambas cámaras legislativas. Las conveniencias electorales relacionadas al 2023 evitarán un quiebre formal del espacio gobernante. La oposición de Juntos por el Cambio acompañará el acuerdo porque blanquea una estafa de la que fue cómplice. «De aquí en más, lo responsables son ustedes», bramarán en el recinto haciendo la gran Poncio Pilato lavándose las manos.
