El socarrón título viene a cuenta de las particularidades que presenta la provincia a la hora de perseguir a quienes transitan con sus autos por sus diversos corredores. Las rutas se han transformado en una trampa para desprevenidos automovilistas, en general turistas, que desconocen cómo opera la policía local en varias localidades. Escondidos detrás de árboles o aprovechando curvas, los agentes se ubican con cámaras fotográficas que registran la velocidad de los autos. En general no refieren a las máximas velocidades, buscan ubicaciones que les permitan multar a quien no baja a la mínima de 60 que se establece cuando hay un cruce o ingreso a un pueblo. Basta pasar a 65 km por hora para que el turista se lleve de regalo cinco mil pesos de multa. Esto sucede en especial en las rutas 7 y 9. En realidad, los policías solo son agentes de una extraordinaria recaudación diaria que ordena el poder político.
Algunas maniobras no pasaron desapercibidas para la justicia. En septiembre pasado fue condenado el intendente de la localidad Estación General Paz, Carlos Borgobello, a tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos -ambos casos de ejecución condicional-, por labrar infracciones de tránsito mediante fotomultas, sistema ilegal en la provincia.
El intendente, que ejerce esa función de manera ininterrumpida desde el 2007 y responde al espacio Hacemos por Córdoba que lidera el gobernador Juan Schiaretti, fue condenado por la Cámara Segunda del Crimen de la ciudad de Córdoba, por los delitos de ‘exacciones ilegales y falsedad ideológica continuadas, en concurso real’.
También fueron condenados el entonces juez de Faltas municipal, Daniel Torres, y Virginia Guala, quien estaba a cargo del sistema de las cámaras de las fotomultas y radares de velocidad. En ambos casos los funcionarios recibieron dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer la función pública durante tres años. De acuerdo a lo que se conoce de la causa, las cámaras estaban instaladas sobre la ruta nacional 9 norte, a la altura del kilómetro 735, y se labraron miles de actas de infracciones entre los años 2008 y 2010.
Córdoba no es la única provincia conflictiva por fotomultas cuya legalidad está bajo sospecha. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inconstitucional el uso de radar y cobro de fotomultas por parte de la policía provincial, como también de las municipalidades. Se objetó que había un interés recaudatorio, y que los conductores con infracción se enteraban de las multas al llegarle a sus casas las cartas con las intimaciones de pago acompañadas de la foto con la aparente infracción.
En tanto, en otro caso donde un automovilista paranaense presentó un amparo ante una fotomulta en Misiones, la Justicia Federal de Paraná declaró inconstitucional las multas a través del sistema de fotomultas que funciona en la provincia de Misiones. Se entendió en el pronunciamiento del magistrado de la capital entrerriana que tienen un fin recaudatorio y no el fijado por la ley nacional de Tránsito.
